Compliance en la construcción: ¿es obligatorio tener un programa de integridad para licitar?
Marco regulatorio vigente: qué dice la LGRA
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25, establece que las personas morales que participen en procedimientos de contratación con el sector público deben contar con una política de integridad. El artículo 25 detalla los elementos mínimos que debe contener ese programa para ser reconocido por las autoridades.
Sin embargo, la LGRA no establece una sanción directa por no tener el programa. Lo que establece es un régimen de responsabilidad para las personas morales — incluyendo personas jurídicas como empresas constructoras — cuando sus directivos o representantes cometan actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, tener un programa de integridad activo y efectivo es la principal defensa de la empresa ante ese régimen de responsabilidad.
¿Cuándo es obligatorio y cuándo es condición de mercado?
La distinción es importante y en 2026 es cada vez más borrosa:
Obligatorio por ley
En licitaciones de obra pública de cierta magnitud, algunas dependencias incorporan como requisito de participación la presentación del programa de integridad o de una declaración de políticas anticorrupción. Esto es especialmente frecuente en contratos financiados por organismos multilaterales (BID, CAF, Banco Mundial) que tienen sus propias políticas de integridad como condición de financiamiento.
Condición de mercado
Los grandes contratantes privados — empresas trasnacionales, fondos de inversión en infraestructura, desarrolladores inmobiliarios con presencia internacional — están incorporando la revisión del programa de compliance como parte de su proceso de calificación de proveedores. Sin programa activo y verificable, la constructora no entra al proceso de selección, independientemente de su capacidad técnica y financiera.
Los cinco elementos mínimos de un programa de integridad que sí funciona
- Código de ética y conducta con mecanismos reales de aplicación, no solo un documento archivado.
- Canal de denuncia efectivo, confidencial y con protección al denunciante — operado por un tercero independiente o con garantías reales de anonimato.
- Capacitación periódica certificable en anticorrupción dirigida al personal con funciones de contratación, pagos y toma de decisiones.
- Gestión documentada de conflictos de interés, especialmente en procesos de licitación y selección de subcontratistas.
- Sistema de seguimiento y mejora continua del programa — la LGRA exige que sea un sistema vivo, no un documento estático.
Lo que un escándalo de anticorrupción realmente le cuesta a una constructora
Más allá de las multas económicas, las consecuencias reales de un escándalo de corrupción para una empresa constructora incluyen:
- Inhabilitación para participar en licitaciones públicas por un período determinado — que en casos graves puede ser definitivo.
- Responsabilidad penal de los directivos involucrados bajo el Código Penal Federal y la LGRA.
- Daño reputacional en un sector donde las referencias y relaciones comerciales son determinantes para acceder a proyectos.
- Pérdida de certificaciones internacionales y calificaciones ante organismos financiadores multilaterales.
- Ruptura de relaciones con socios estratégicos y clientes corporativos que tienen sus propias políticas de compliance de proveedores.
Cómo implementar compliance sin paralizar la operación
El error más frecuente en la implementación de programas de compliance en constructoras es intentar adoptar un modelo diseñado para empresas de otro sector — típicamente financiero o farmacéutico — sin adaptarlo a la realidad operativa de la construcción.
En una constructora, los riesgos de corrupción más relevantes están en: el proceso de licitación y selección de subcontratistas, la gestión de permisos y licencias, la relación con supervisores de dependencias públicas y la administración de estimaciones. Un programa de compliance efectivo para el sector debe abordar esos riesgos específicos, no los riesgos genéricos de un modelo corporativo estándar.
