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Construcción y Ley: Expertos en Derecho de la Construcción
Contexto del Mercado: El Paquete Económico se entrega en septiembre y la mayoría de las constructoras lo lee en enero, cuando las convocatorias ya están publicadas y el tiempo de preparar una propuesta seria se agotó. Entre esas dos fechas hay dos meses de ventaja que casi nadie usa.
Nuestra Experiencia: En COMAD, S.C. llevamos más de 60 años acompañando a constructoras en obra pública. En los años de mayor inversión no vemos menos reclamaciones: vemos más. El dinero adicional llega repartido en más contratos, y administrar cinco contratos chicos exige más control documental que administrar uno grande.
Lo que aprenderás: Qué dice y qué no dice el Paquete Económico 2027 sobre el tipo de obra que se va a contratar; por qué la dispersión de contratos exige más control contractual y no menos; qué observaciones se repiten en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación; y qué debería estar haciendo tu área de licitaciones desde ahora, antes de que salgan las convocatorias.
El 8 de septiembre de 2026, la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027. Para el sector financiero es una nota de coyuntura. Para una constructora es otra cosa: es el mapa de dónde va a haber obra el año que viene y el calendario aproximado de cuándo se va a licitar.
El proyecto contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos —alrededor de 4.3% nominal por encima de lo aprobado para 2026— y Hacienda estima un crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para el año.
La cifra que importa para el sector es otra: la inversión física presupuestaria equivale al 2.6% del PIB, la misma proporción que se destina a los programas sociales prioritarios, que suman 1.02 billones de pesos. Los destinos anunciados son nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas e infraestructura energética, dentro de lo que Hacienda llamó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.
Antes de construir cualquier expectativa sobre esos números conviene fijar un punto jurídico: lo que hoy existe es un proyecto, no el presupuesto. La Cámara de Diputados discute y aprueba el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre, y los montos por ramo y por programa pueden moverse en ese trayecto. Planear con las cifras de septiembre es correcto; comprometerse con ellas, no.
Un incremento en inversión de infraestructura no se traduce automáticamente en rentabilidad. Entre el peso presupuestado y el peso cobrado hay tres decisiones que toma la dependencia y que la constructora no controla, pero sí puede anticipar.
El mismo presupuesto puede salir al mercado como una decena de obras mayores o como cientos de contratos de conservación, mantenimiento y rehabilitación. La segunda forma abre el mercado a más empresas, pero multiplica el número de expedientes que cada una tiene que administrar al mismo tiempo.
No es lo mismo un contrato a precio alzado que uno sobre la base de precios unitarios, ni una obra con proyecto ejecutivo terminado que una que se va definiendo en campo. La modalidad determina quién carga con el riesgo de las cantidades y quién con el del diseño, y eso se decide antes de que exista convocatoria.
El flujo es el que define si un contrato rentable en papel lo sigue siendo en caja. Un contrato con buen margen y pagos lentos consume la línea de crédito de la empresa y termina financiando a la dependencia.
En nuestra experiencia, este es el punto donde más empresas se equivocan al planear un año de mucha obra. Se asume que un contrato pequeño es un contrato sencillo, y se le asigna menos estructura. Ocurre exactamente al revés: los contratos de conservación y mantenimiento son los que más observaciones generan, porque se ejecutan rápido, con volúmenes variables y con menos ingeniería previa.
Antes de firmar uno de estos contratos hay tres puntos que conviene revisar, y los tres se resuelven en el papel, no en la obra.
Si la unidad de medición es ambigua —o si el criterio de medición no está escrito—, la diferencia entre lo que tú mediste y lo que la supervisión reconoce la absorbes tú. Es la observación más común y la más barata de prevenir.
En un contrato de conservación siempre aparecen trabajos no previstos. Lo que hay que definir antes de empezar es quién los autoriza, con qué formalidad y en qué documento consta. Si eso no está claro al inicio, no va a aclararse a la mitad de la obra.
Cada dependencia tiene su propio criterio sobre qué documentos acompañan una estimación. Preguntarlo al arrancar evita rehacer meses de comprobación cuando la primera estimación regresa observada.
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación sobre contratos de obra pública muestran un patrón estable año con año. No son hallazgos exóticos: son las mismas cuatro familias de observación, y todas tienen la misma raíz documental.
No significa necesariamente que la obra no se haya hecho. Significa que el expediente no permite demostrarlo con el detalle que la revisión exige.
El convenio existe y está firmado, pero el dictamen que explica por qué era necesario ampliar monto o plazo es genérico o llegó después de los hechos.
Es la consecuencia directa del primer punto de la sección anterior: cuando el criterio de medición no quedó fijado, cada revisión mide distinto.
La bitácora es el registro que ordena todo lo demás. Cuando falta, el resto del expediente pierde secuencia y la defensa se vuelve reconstrucción.
El trabajo útil de estos dos meses no es comercial, es de estructura. Son tres decisiones internas que no dependen de que se apruebe el presupuesto.
El residente resuelve la obra; el responsable del contrato administra plazos, notificaciones y expediente. Cuando la misma persona hace ambas cosas, la segunda siempre cede ante la primera.
Los plazos internos deben ser más cortos que los contractuales. Un evento que se notifica el último día se notifica mal, y un derecho que se ejerce tarde se pierde igual que si no existiera.
El expediente de un contrato se arma mientras la obra ocurre o no se arma nunca. Reconstruirlo dos años después, cuando llega la observación o el requerimiento, cuesta más que el defecto que se discute.
Un año de mucho presupuesto no hace rentable a una constructora. La hace rentable poder cobrar lo que construyó.
En COMAD, S.C., transformamos 60 años de experiencia técnica en resultados jurídicos.
La Cámara de Diputados debe aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. En ese proceso pueden modificarse los montos por ramo y la asignación entre programas, así que las cifras de septiembre sirven para planear, no para comprometerse.
No de forma automática. Depende de cómo se disperse el monto, de la modalidad de contratación que privilegie cada dependencia y de la capacidad real de tu empresa para administrar varios contratos simultáneos con control documental serio.
Porque se ejecutan con volúmenes variables, plazos cortos y menos ingeniería previa. Eso multiplica los puntos donde la medición y la autorización de trabajos adicionales pueden quedar sin respaldo documental.
El expediente, antes que el fondo técnico. La mayoría de estos asuntos no se pierde por falta de razón, sino por falta de prueba de lo que efectivamente se ejecutó y de lo que la dependencia autorizó.
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